MinDefensa se unió a la mesa de diálogos con el ELN en La Habana
Las partes llegaron a La Habana con la voluntad de renovar el cese al fuego, pero con condiciones.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, se unió en La Habana a la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la evaluación de la prórroga del cese al fuego bilateral.
La participación de Velásquez en el sexto ciclo de las negociaciones de paz entre las partes se anunció en un comunicado conjunto a 48 horas de que concluya el cese al fuego bilateral, nacional y temporal pactado entre las partes en el tercer ciclo, también en La Habana, entre mayo y junio.
Este cese al fuego, el más largo acordado entre las partes hasta la fecha, entró en vigor el 3 de agosto del año pasado y concluye este lunes, 29 de enero. Su prórroga es el punto más importante de las negociaciones que mantienen el Gobierno y el ELN en este ciclo de diálogos.
"Espero que sea una reunión realmente provechosa para todos... Sobre los avances del proceso y frente a eventuales situaciones en las que haya necesidad de una intervención especial", aseguró Velásquez en la plenaria según informó la delegación gubernamental en redes sociales.
El cese al fuego ha resultado en una reducción de la violencia, pero ha tenido altibajos controvertidos que han arrojado dudas sobre el proceso, sobre todo cuando se conoció el secuestro por parte del ELN de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool.
Las partes llegaron a La Habana hace una semana con la voluntad expresa de renovar el cese al fuego, pero con condiciones.
El ELN pedía "garantías" de que el cese cumpliera "su función principal", que era mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil, mientras que el Gobierno quería ampliar los términos y las acciones violentas prohibidas incluidas en el cese de hostilidades.
El actual cese al fuego se limita a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora Vera Grabe, "que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población".
EFE